Chris Henderson, Instituto Universitario de Ginebra y NORRAG.
En contextos de crisis y emergencia, los docentes suelen sufrir ataques en el desempeño de su labor fundamental, haciendo peligrar el fuerte sentido de resiliencia, propósito y bienestar de muchos de ellos.
Lamentablemente, demasiados docentes de todo el mundo y de todas las regiones siguen estando en peligro. Desde el 24 de febrero de 2022, más de 3500 centros educativos han sido dañados o destruidos por bombardeos en Ucrania, según el Ministerio de Educación y Ciencia del país (MoES, por sus siglas en inglés), mientras que otros informes también denuncian ataques contra los propios docentes (GCPEA, 2023).
Para hacer un seguimiento de las crisis a nivel mundial, el Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) registra datos sobre la cantidad de ataques a estudiantes, personal e instituciones, lo cual está vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.a.3. Actualmente, hay datos disponibles para 101 países entre 2013 y 2021. El gráfico 1 muestra los cinco países que sufren más agresiones contra estudiantes, personal e instituciones. En 2021, los docentes experimentaron el mayor riesgo en Myanmar, donde se registraron 426 agresiones. El Estado de Palestina registró 371 agresiones, la República Democrática del Congo, 302, y Afganistán, Burkina Faso y Malí, más de 100 agresiones cada uno. Como puede verse en el gráfico 1, la cantidad de agresiones en Myanmar y en el Estado de Palestina aumenta a un ritmo vertiginoso, lo cual significa que los riesgos a los que se enfrentan diariamente los docentes también están en aumento.
Número de agresiones contra estudiantes, personal e instituciones, 2013 - 2021
En algunos contextos, los docentes son amenazados, secuestrados o asesinados porque representan al Estado, o porque están afiliados a sindicatos de docentes. Los docentes también sufren violencia sexual durante o después de los ataques a escuelas perpetrados por grupos armados. En otros conflictos, los docentes mueren o resultan heridos por armas explosivas en su camino hacia o desde la escuela, o en enfrentamientos violentos entre grupos armados.
Cuando las escuelas y universidades son utilizadas como bases y cuarteles, estas instalaciones pueden ser blanco de ataques aéreos o terrestres de las fuerzas enemigas, representando un riesgo considerable para los docentes. A nivel mundial, los incidentes de uso militar de escuelas y universidades aumentaron más del doble entre 2020 y 2021.
Los efectos de estas realidades en los docentes, y en los niños y adolescentes a quienes enseñan, son profundos. Por ejemplo, en Colombia, donde se produjeron 83 atentados en 2021 (IEU, 2023), los docentes denuncian que las amenazas y los actos de violencia alteran la calidad de su práctica docente. Algunos docentes también señalan que la violencia altera su sentido de la confianza y la autenticidad de su compromiso con los alumnos y sus familias. Asimismo, algunos docentes informaron que evitan enseñar ciertos temas, debido a la violencia que pueden generar las historias prohibidas o censuradas por el Estado.
Algunos docentes, que participan activamente en los esfuerzos de consolidación de la paz para frenar el reclutamiento de sus alumnos en las fuerzas armadas, también han sido atacados por grupos paramilitares. En la comunidad colombiana de El Salado, por ejemplo, los 25 docentes que trabajaban en una escuela recibieron mensajes de un grupo paramilitar que amenazaba con extremar la violencia contra ellos. Este tipo de incidentes no son aislados.
En Afganistán, donde los talibanes han vuelto al poder, se han denunciado varios casos de amenazas, detenciones y asesinatos de dirigentes educativos, por haber promovido la educación de las niñas. En otras regiones, grupos de extremistas armados, como Boko Haram en Nigeria, se oponen a la educación occidentalizada, y han amenazado, asesinado o secuestrado a docentes para impedirles enseñar los programas de estudios nacionales (GCPEA, 2022). La moral de los docentes se ve profundamente afectada por los ataques a sus colegas, hecho agravado por la inseguridad diaria, que les hace casi imposible enseñar.
En Siria, la Coalición Mundial para la Protección de la Educación (GCPEA, por sus siglas en inglés), ha denunciado las modalidades de las fuerzas de resistencia para atacar y reclutar docentes por la fuerza. En Myanmar, los docentes alineados con la resistencia del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), opuesto al gobierno actual, han sido objeto de ataques. Sólo en 2021 fueron secuestrados y asesinados más de 40 docentes.
Ring y West (2015) señalan que los traumas provocados por los conflictos violentos y los desplazamientos forzados afectan seriamente la capacidad de los docentes para desempeñar debidamente su cargo. Los docentes se enfrentan a complejos factores de estrés en sus propias vidas, y a clases con demasiados alumnos de todas las edades, afectados por los conflictos, que requieren un apoyo psicosocial y socioemocional intensivo. Esto hace que los docentes se sientan poco preparados y desbordados en el cumplimiento de su labor. A su vez, esto reduce la sensación de autoeficacia (la convicción de que sus acciones influyen en los resultados) de los docentes, que es un factor clave para predecir la motivación de éstos para enseñar. En resumen, la violencia y los traumas influyen en el abandono del profesorado, y agravan su escasez allí donde más se necesitan.
En la República Democrática del Congo, Wolf et al. (2014) describen los efectos del bajo bienestar de los docentes en la calidad del sistema educativo. Como uno de los primeros estudios empíricos que conceptualizan y analizan el bienestar de los docentes en un contexto de crisis, su estudio aplica el concepto de «riesgo acumulativo» para describir las condiciones adversas y los numerosos factores de estrés que afectan la labor y el bienestar de los docentes. Su estudio muestra una relación negativa y estadísticamente significativa entre el riesgo acumulativo y la motivación de los docentes para enseñar, lo que significa que, cuanto más riesgo experimentan los docentes en su trabajo, menos motivados están para seguir ejerciendo esa profesión.
Del mismo modo, sus conclusiones demuestran una relación significativa y positiva entre el riesgo acumulativo y el «síndrome del trabajador quemado» (burnout), según la cual, a medida que aumenta la exposición de los docentes al riesgo, más probabilidades tienen de manifestar una situación de burnout. Por lo tanto, para que los docentes puedan funcionar al máximo de su capacidad, sin sufrir daños físicos ni psicológicos, su bienestar y la priorización de su protección deben ser considerados como factores fundamentales en las políticas y la financiación centradas en la contratación y la retención.
Estos estudios, entre otros, representan una crisis dentro de otra crisis. En contextos en los que las escuelas y los docentes son vulnerables a los ataques, y en los que la remuneración es inadecuada, el apoyo psicosocial inexistente y el escaso desarrollo profesional agravan la violencia a la que se enfrentan los maestros, el oficio de enseñar es percibido como un riesgo en sí mismo. Símbolo de esta realidad, en el campo de refugiados de Dadaab, en Kenia, sólo el 18 % de los docentes refugiados quieren seguir enseñando dentro de tres años, y sólo el 4 % de los docentes de la comunidad de acogida aspiran a continuar su labor al cabo de ese lapso.
Nuestra incapacidad para proteger a los maestros de las agresiones agrava la escasez mundial de docentes. Socava el atractivo de la profesión y obliga a muchos a abandonar sus funciones. A medida que se acerca el Día Mundial de los Docentes[1], que tendrá lugar el 5 de octubre, nuestra defensa por la educación de calidad en contextos de crisis debe priorizar el derecho humano básico de los docentes a un entorno de trabajo seguro y saludable, y al estatus y dignidad con los que deben contar todos los miembros de la profesión.
Enlaces útiles:
Fotografía: Nan Maw Maw Kyi. Docente. Myanmar. © UNICEF/UN061811/Brown